La red de Cámaras se pone a disposición de la Delegación del Gobierno para ejercer de ventanilla empresarial en los ámbitos de mediación y arbitraje, consultoría técnica y digitalización

La red de Cámaras se pone a disposición de la Delegación del Gobierno para ejercer de ventanilla empresarial en los ámbitos de mediación y arbitraje, consultoría técnica y digitalización

Valladolid. 8/4/2020. Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Castilla y León han mantenido esta mañana una reunión telemática con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, durante la cual han compartido la preocupación por el actual contexto provocado por el COVID-19 tanto en lo que respecta a la emergencia sanitaria como a la difícil situación que atraviesa el conjunto del tejido empresarial.
 
Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, ha puesto a disposición de Javier Izquierdo la red de Cámaras para, aprovechando las funciones asignadas por la Ley 8/2018 como Corporaciones de Derecho Público, poner en marcha un programa específico que evite el cierre de las empresas a causa del coronavirus y el asesoramiento técnico en cada punto para la ayuda a diferentes tramitaciones empresariales. Igualmente, ha destacado el papel de las instituciones para actuar como agentes activos en las labores de mediación y arbitraje laboral como método ágil y rápido para la resolución de conflictos y la posibilidad de ejercer de ventanillas para el impulso a la digitalización en el territorio en el marco del Plan Acelera Pyme.
 
Méndez Pozo expuso la total colaboración y lealtad para tomar medidas contundentes encaminadas a permitir la continuidad de la actividad empresarial sin que el empleo se vea afectado, dado que nos encontramos en un momento de transición donde hay que actuar con total responsabilidad hacia empresas, autónomos y, en definitiva, hacia el conjunto de la sociedad para paliar la recesión económica.
 
Además, los representantes de las entidades camerales han trasladado las medidas y acciones que el consideran esenciales en materias financiera, fiscal y laboral, tanto para la vuelta al inicio de la actividad como para su posterior mantenimiento en el tiempo.
 
 
 
En este sentido, el Consejo de Cámaras ha urgido a que traslade de forma urgente al gobierno nacional en el ámbito financiero la gestión de ayudas directas europeas a empresas por la caída de la producción o bien, en otros casos, por seguros a la exportación; la inyección de liquidez a tipo cero y un año de carencia a autónomos y empresas ampliando los avales del Estado y posibilitando que las entidades financieras agilicen y faciliten su acceso y también implementar estímulos a la demanda para empresas auxiliares, analizando las necesidades de cada sector.
 
También, se expuso la necesidad de conceder ayudas específicas destinadas al medio rural para las microempresas implantadas en los pequeños municipios que, en muchos casos, se están viendo abocadas al cierre y que necesitan una segunda oportunidad.
 
En relación a las exportaciones, donde se continúan realizando operaciones, es crucial lanzar un paquete de ayudas a empresas mediante desembolsos para amortizar las pérdidas ocasionadas al dejar de acudir a ferias internacionales programadas con antelación.
En lo que al ámbito fiscal se refiere, los representantes de las Cámaras instaron a tramitar de forma urgente la eliminación, aplazamiento o exención temporal, dependiendo de los casos, del pago de los impuestos como el IRPF, el IVA y las cuotas a la Seguridad Social.
 
En el ámbito laboral se expuso, mayor flexibilidad y homogeneización en los criterios de los ERTES y, de cara al inicio de una actividad productiva, dotar establecer una hoja de ruta clara para su urgente planificación, organización y coordinación, en lo que a normas y protocolos de apertura se refiere, poniendo de manifiesto la necesidad de abastecimiento de EPIs para la protección de los trabajadores.   
 
Debido a ciertas interpretaciones de normativas, las Cámaras solicitaron un documento específico por sectores que, con claridad y agilidad, sirva para establecer un criterio objetivo en el conjunto del país para que cada empresa pueda cumplir con las normas y conozca en qué marco productivo se encuentra, tanto si pertenecen al sector de la automoción, construcción, comercio, industria, transporte, turismo u otros servicios, ya que las necesidades de cada uno son específicas.

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